Según el informe de MSI-Integrity, cerca de 40 certificaciones en todo o mundo fueron analizadas.
La conclusión del estudio es que ellas pueden, incluso, servir para encubrir los abusos de las grandes corporaciones a los derechos humanos y permitir la inacción de los gobiernos
Mucho de los modelos de certificación más conocidos en el mundo, como Rainforest Alliance, UTZ y Fairtrade, entre otros, están fallando en su misión de asegurar la conducta ética de las grandes corporaciones, así como también están sirviendo para consolidar prácticas comerciales abusivas, según el informe del instituto de derechos humanos, MSI-Integrity (www.msi-integrity.org), de los EE. UU.
¿Cómo fue el estudio MSI-Integrity?
Esta es la conclusión del estudio conducido por la directora ejecutiva de la entidad, Amelia Evans, abogada formada en Harvard. La conclusión de Amelia se base en el informe Not-Fit-for-Purpose, de 235 páginas (disponible en el sitio de la institución) producido después de una década de investigaciones, que involucró a más de 10 mil empresas participantes en 170 países y abarcando distintos sectores como cacao, azúcar, aceite de palma, té, minerales, frutos del mar, electrónicos, joyas y juguetes infantiles. “El riesgo es que estas iniciativas estén legitimando comportamientos abusivos de las grandes cadenas productivas al no detectarlos”, explica.
Las certificaciones fueron creadas a comienzos de la década del 90 para llenar una laguna, según Evans. “Las naciones desarrolladas del hemisferio norte del Globo conseguían aplicar la ley en abusos en las cadenas productivas de las grandes corporaciones en sus respectivos países de origen. Pero no conseguían hacer lo mismo con relación a las actividades de esas multinacionales en los países en desarrollo o subdesarrollados”, dice Evans.
“Estas certificaciones comenzaron a operar para cubrir esas necesidades. En el momento de su creación fue una gran experiencia. Pero, pasados 30 años, nuestro estudio llegó a la conclusión que las certificaciones fallaron en proteger los trabajadores con relación a los derechos humanos”, nos cuenta.
La razón para eso, señalada por Evans, es que las certificadoras fueron capturadas por las empresas y corporaciones y ya no reflejan las necesidades de los trabajadores. Ella dice que los auditores tercerizados son normalmente pagados por las mismas empresas para las cuales son contratados para evaluar.
También, según la abogada, hay dos problemas particulares: el primero es que hay una gran confusión sobre diferentes iniciativas. Más de ¾ de las certificadoras usan palabras como “responsable”; “justa”, “sostenible”. Pero esas palabras no quieren decir, por ejemplo, que los trabajadores están recibiendo un salario mínimo decente para sobrevivir.
“Entre todas las certificaciones, solo una, Fairtrade, exige que el trabajador reciba un pago mínimo”, dice. Por otro lado, hay una percepción equivocada por parte del consumidor cuando él compra un producto certificado. “El consumidor cree que está haciendo su papel. Porque cree que las palabras, sostenible, justa, responsable, significan de verdad que el productor está siendo tratado de manera digna. Ese es un gran gap sobre lo que está, de hecho, sucediendo”, explica.
Evans también dice que la relación Hemisferio Norte/Sur permanece injusta. “Parece que todo el esfuerzo continúa siendo hecho por los productores del sur del Globo. Cuando uno mira el margen de lucro, claramente nota que el dinero queda con las corporaciones.
Definir precios por debajo del costo, solicitar retornos rápidos y otras prácticas de adquisición agresiva por compradores de las multinacionales también son aspectos ampliamente descuidados por las certificadoras.
La mayor presión va de las grandes corporaciones a las grandes plantaciones. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que los más vulnerables son dejados de lado y tienden a quedar cada vez más vulnerables. Los medianos y grandes tampoco escapan. Ellos están bajo presión de la cadena productiva, que exige que ellos tengan todas las certificaciones. Pero eso no quiere decir necesariamente que todo su esfuerzo para conseguirlas se revertirá en una mejor remuneración de su producto.
En cuanto a los trabajadores de esas propiedades, por ejemplo, tienen miedo de denunciar y perder sus empleos, y terminan soportando violaciones de todo tipo. Por ejemplo: una mujer que sufre acoso sexual no tiene a quién reclamar. “Ella adónde reclamará? Muchas de las certificadoras tienen sus sitios web en inglés y los trabajadores no dominan la lengua o no tienen familiaridad con internet. Y no saben usar los recursos para responder un cuestionario sobre lo ocurrido”, dice.
Podemos imaginar que la mujer en cuestión, en un día de trabajo normal en el campo, recibe la visita de un empleado tercerizado de la certificadora. Obviamente que él estará siempre acompañando por personal de la propiedad. Al ser indagada sobre sus condiciones de trabajo, obviamente que ella se sentirá amedrentada de denunciar y perder su empleo. “Este modelo de monitoreo es extremadamente ineficiente”, afirma.
En la investigación de MSI-Integrity, quedó probado que 2/3 de las certificadoras, no publican las quejas que reciben de forma transparente. “Este es el momento para que los cambios se concreten. Las corporaciones deben cambiar. Ellas continúan violando la ley para pagar más dividendos para sus inversores”, advierte Amelia.
Amelia enfatiza que este es el momento para cambiar esa relación. “Tenemos una ventana de oportunidad. El momento para cambiar es ahora. Hay un movimiento creciente de cambios que ocurren en los EE. UU., y en el mundo. Creo que las grandes corporaciones están preparadas para esas discusiones. Necesitamos repensar el papel de las grandes corporaciones en la sociedad. Mi temor es con el tipo de cambios que serán propuestos. Que sean demasiados débiles, con las ONGS y las certificadoras dando voz a las comunidades, pero no dando fuerzas suficientes para efectuar los cambios necesarios. Mientras que las corporaciones no transfieran el poder a las comunidades, no habrá transformación en la sociedad”, finaliza.
Lea el posicionamiento oficial de Rainforest Alliance y UTZ:
Respuestas de Mariana Barbosa, Directora de País, Brasil.
1. ¿Cuál es su posición con relación al estudio de Amelia Evans, de MSI-Integrity? ¿Están de acuerdo cuando ella dice que las certificaciones encubren abusos a los derechos humanos? ¿Y que terminan justificando la inacción de los Gobiernos? ¿Ustedes creen que pueden ser responsabilizados por esos problemas?
Creo que encubriendo es un término muy fuerte. Tampoco creo que los desafíos existentes en los programas de certificación sirvan para eximir al gobierno de ninguna de sus responsabilidades. En Brasil, contamos con una sólida ley laboral y con sesgo de protección a los trabajadores, a pesar de los recientes desmantelamientos de esa legislación. No obstante, sabemos que la realidad del campo muchas veces no contempla lo que dice la ley, parte por mala fe y parte por cuestiones estructurales de pobreza, falta de capacidad y falta de conocimiento de la misma. El Gobierno posee mecanismos más eficientes que la propia certificación de fiscalizar y garantizar el cumplimiento de las leyes, aunque también podamos observar un desmantelamiento reciente de las estructuras. Sin embargo, la certificación no quiere sustituir el papel del gobierno ni una mera fiscalizadora del cumplimiento de las leyes. Hay requisitos complementarios entre la ley y la certificación y ambos poseen mayor potencial de causar transformaciones si actúan en conjunto.
2. Ella también acusa a las certificadoras de connivencia con las grandes corporaciones de las grandes cadenas productivas, y de empobrecer las discusiones sobre los derechos humanos de los trabajadores rurales. Es una crítica contundente. En pleno siglo XXI, todavía estamos discutiendo neocolonialismo, pobreza en el campo, trabajo esclavo e infantil. ¿No es el momento de hacer una mea culpa?
Sin ninguna duda, estos problemas son críticos y todos los involucrados en las actividades de producción, comercialización e incluso consumo de alimentos, tenemos que hacer este mea culpa. Las grandes empresas, las certificadoras, otras ONGs, gobiernos de países del Sur global, gobiernos de países del Norte global, productores, empleadores rurales, etc. La lista es larga, ya que estos problemas persisten no solo en Brasil, sino en muchos países del mundo. Sin embargo, no tenemos ningún interés en empobrecer las discusiones sobre derechos humanos. En los últimos años, contratamos más especialistas en el tema de derechos humanos para enfrentar este tema de forma global, internalizamos la práctica de “Advocacy» (muchas veces traducido como influencia) en nuestra estrategia de actuación construida en 2018, participamos de fórums globales y locales sobre derechos humanos en cadenas productivas (en Brasil, destacamos nuestra participación en el Impacto – Pacto Nacional para Erradicación del Trabajo Esclavo) y estamos haciendo grandes esfuerzos para canalizar inversiones de las grandes empresas en estudios y proyectos que puedan aportarnos datos e informaciones calificados e intervenciones que mejoren la vida del trabajador rural. Cabe resaltar que tal situación es un problema complejo y, como sabemos, problemas complejos no tienen una única solución trivial. Entonces hacemos las elecciones de caminos y actuaciones que consideramos pueden ser las más consistentes con nuestra expertise interna e historial de actuación, pero también esperamos que otros actores hagan su parte en este complicado recorrido. Esta posición de responsabilidad compartida por la actuación frente a problemas complejos ya es, desde hace mucho tiempo, defendida públicamente por Rainforest Alliance.
3. Ustedes, ¿ya tenían conocimiento del estudio, antes de la publicación de la nota en The Guardian?
Recibimos una copia del estudio 24 horas antes de su publicación, por medio de ISEAL Alliance, de la cual somos miembros plenos.
4. Según Evans, las certificaciones ya no son herramientas para contener el avance de las grandes corporaciones en la protección de los derechos humanos. ¿Podrá será posible que todos se sienten a la mesa para mejorar lo que ya fue implementado? ¿Cómo creen que podría avanzar el trabajo de las certificadoras? Que lo que fue creado con el fin de asegurarle al consumidor que el café, el té y el cacao eran producidos de acuerdo con criterios rígidos, ¿no debería ser revisado y mejorado?
Claro, podemos y debemos avanzar. En los últimos años, después de la fusión con UTZ en 2018, nos estamos esforzando para construir un nuevo programa de certificación más adecuado a la realidad de los nuevos tiempos. Hicimos cambios no solo en nuestras normas, sino también en nuestro sistema de aseguramiento, con el objetivo de hacerlo más sólido y también más realista y transparente. Progresamos desde una lógica de cumplimiento o no de requisitos a otra de observación de mejoras continuas. Partimos de una lógica más abierta para el manejo de las cuestiones de derechos humanos, como el Assess and Address. La actual propuesta de Evaluar y Abordar, exigiendo que las propiedades rurales certificadas establezcan mecanismos de compromiso, comunicación, monitoreo y remediación para temas de discriminación, trabajo forzado, trabajo infantil y acoso y violencia en el lugar de trabajo.
5. ¿Creen que el trabajo de MSI-Integrity puede, de alguna forma, colaborar para el mejoramiento de los procesos?
Sin dudas, ya que el análisis de MSI-Integrity es válido y útil, en buena medida, a pesar de que no compartamos la conclusión. Concordamos, por ejemplo, que debe haber una mayor reglamentación y fiscalización por parte de los gobiernos. Las certificaciones surgieron justamente para llenar ese vacío, y estamos conscientes de que ciertos abusos de los DD. HH. requieren una fiscalización y sanción firme que no podemos cubrir como certificación voluntaria. La sanción más grave que podemos dar es suspender o anular la certificación de una empresa, y como consecuencia de esto pierde el acceso al mercado certificado. La eficacia de las certificaciones depende en buena medida de la buena fe en su implementación.
El informe de MSI-Integrity infelizmente no propone soluciones dentro de los parámetros de las certificaciones, porque cuestiona las mismas. Una de las críticas válidas por ejemplo es que las certificaciones carecen de mecanismos efectivos para que víctimas de violaciones de DD. HH. presenten quejas (“grievance mechanisms»). Los mecanismos de queja implementados hasta ahora son manejados por las propias empresas certificadas. En el caso de quejas laborales, problemas por discriminación, abuso sexual, hechos que pueden tener su origen en el comportamiento de la propia empresa, las víctimas pueden no estar usando este mecanismo por temor a represalias. Nuestro monitoreo revela que el número de quejas es bajo, aún sabiendo que los mecanismos de queja formalmente existen. Como consecuencia de esto, en el recién lanzado nuevo Código de Conducta, por ejemplo, instituimos que la empresa certificada debe instaurar un comité de quejas (“grievance committee”) compuesto por un representante de la empresa y un representante elegido de los/as trabajadores/as, para recibir, analizar y, en caso de que sea necesario, subsanar / resarcir (o derivar a las autoridades competentes) las quejas que sean fundamentadas. El comité también monitorea y presenta un informe anual sobre el tratamiento dado a las quejas, incluyendo medidas de resarcimiento y medidas de prevención. Esto ya es una mejora en los procesos que deberá resultar en un mayor número de casos de violaciones a los DD. HH. siendo registradas y efectivamente corregidas. Este tipo de mejoras, sin embargo, requieren años de esfuerzo continuo para implementar y no serán noticias mañana.
6. ¿De qué manera están trabajando en el sentido de mejorar su trabajo en campo junto con los productores, y realmente asegurarse que no hay abusos como trabajo infantil, o análogos a la esclavitud, ya sea en las chacras de café, cacao y té?
En Brasil, establecimos una Política de Mitigación de Riesgos Sociales para las auditorías de la Norma Rainforest Alliance y UTZ, donde las entidades certificadoras deben hacer específicas investigaciones antes, durante y después de las auditorías para asegurar que los productores auditados no estén incluidos en listas de violaciones de derechos humanos, laborales y ambientales. Por otra parte, al aplicarse a la certificación el productor necesita declarar todos los procesos judiciales en curso que estén dentro del alcance de la certificación a ser auditada – ya que entendemos que esto es un insumo importante para que los auditores puedan verificar la realidad de las propiedades rurales.
Nuestra norma es clara cuando establece que ese tipo de violación, o la inserción del nombre del productor en estos tipos de listados representan la inmediata suspensión, investigación y eventual cancelación del certificado.
7. ¿Cómo asistir a los pequeños productores en la obtención de su certificación a un precio compatible y que ellos puedan pagar? Países europeos exigen las certificaciones para que el pequeño productor pueda vender sus productos en esos mercados. El consumidor europeo también exige productos certificados. Pero, el costo es altísimo para el pequeño productor que, rarísimas veces, puede enfrentar esos costos. En el caso del café, por ejemplo, los precios practicados no cubren sus.
Tenemos un código especial para pequeños productores, además de la posibilidad de certificación en grupo, lo que reduce los costos. También estamos implementando una serie de mejoras en el monitoreo del premio, o diferencial de sostenibilidad, el valor extra que se paga a los productores para compensar las inversiones en una producción más sostenible. Queremos garantizar que este valor llegue a la punta. En la nueva norma de Rainforest Alliance, será obligatorio el pago del premio en especie, y parte del mismo deberá ser invertido en beneficios a los trabajadores, en rubros como salarios, condiciones de trabajo, salud y seguridad, vivienda y otros. Además, hay empresas y exportadoras que cubren los costos de la certificación junto con los productores. También estamos trabajando internamente en la elaboración de materiales de capacitación con llegada más directa a los productores, para ellos mismos puedan comprender mejor el paso a paso de certificarse, sin depender de la contratación de consultores. Corresponde solo destacar que Rainforest Alliance no cobra ningún valor a los productores para que ellos mismos se certifiquen. Ellos solo pagan la auditoría, directamente a la empresa prestadora del servicio.
8. Además, las certificaciones no son garantía para el consumidor que el café, el té y el cacao estén libres de trabajo infantil y esclavo, entre otros problemas. Se vio lo que sucedió recientemente en Guatemala, con las chacras proveedoras de café de Nespresso, que no respetaron la práctica de producción ética y sostenible y que estaban certificadas por Rainforest Alliance.
Si, hace ya tiempo que comentamos abiertamente que la certificación no fue desarrollada para eso y que, por lo tanto, no proporciona ese tipo de garantía. Lo que hacemos es observar si hay una serie de procedimientos institucionalizados que reduzcan las posibilidades que se produzcan estas violaciones, si hay una adopción de buenas prácticas en las granjas, si los trabajadores están registrados, si hacen las capacitaciones que les corresponden a los mismos y si están alojados dignamente. En las auditorías, se verifica la documentación de trabajo de los empleados de las granjas, las condiciones de alojamiento, pero no podemos garantizar que, al final de ese proceso, violaciones no puedan suceder. Para mejorar el aseguramiento, estamos haciendo uso de un abordaje basado en riesgo. Regiones y granjas identificadas con mayor potencial de presentar trabajo esclavo, pueden recibir auditorías sorpresas extras para verificación de las condiciones. También actuamos de forma reactiva cuando recibimos denuncias de trabajadores, sindicatos u otros actores de la región. En estos casos, abrimos una investigación interna junto con la empresa de auditoría, hacemos nuevas auditorías, si es necesario, y en caso de que sean constatadas irregularidades, suspendemos o cancelamos la certificación. Tuvimos varios casos de certificados cancelados recientemente y mejoramos mucho nuestro proceso de revisión de las informaciones recolectadas en la auditoría, lo que nos da más capacidad de negar licencias de granjas que no están cumpliendo con las reglas.
9. En Brasil, específicamente, tenemos, en este momento, un gobierno totalmente inepto. Solo un granjero, propietario de la granja Cristo Rei, en Mato Grosso, deforestó el equivalente a 24 millones de hectáreas de bosque para cría de Ese mismo granjero provee carne para los frigoríficos más grandes del mundo, como JBS, y que después es vendida a los principales mercados consumidores, muchas veces con sello de las certificadoras. ¿Cómo enfrentar esa ineficiencia?
La producción de ganado es una causa importante de deforestación y los desafíos en esta cadena productiva son variados. Creemos que los abordajes a nivel de paisaje y comunidades – estrategias que empleamos con éxito documentado por décadas – son particularmente adecuadas para enfrentar los desafíos asociados a la cría de ganado, que van más allá del alcance de una única granja. Por otra parte, colaboramos con ONGs aliadas y especializadas en el tema de deforestación y producción ganadera, fortaleciendo el trabajo científico y de campo realizado por las mismas.
